Dr. Luis Javier Garrido*
México se haya ante una situación de excepcional gravedad, pues se está abriendo un escenario en el que dos de los poderes de la unión: el Ejecutivo, aún sea de facto, y el Legislativo, pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución General de la República. Ese acuerdo en lo fundamental de los mexicanos, como lo llamaba Mariano Otero, y llevar al país a un abismo de ilegalidades, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros.
El paquete de siete iniciativas que se dice son en materia energética, enviada por Felipe Calderón al Legislativo, las cinco primeras el ocho de abril, son a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México, y han por eso agraviado e indignado a millones de mexicanos, los que están respondiendo con una movilización civil sin precedentes, en defensa del petróleo.
Este espacio de reflexión, de diálogo y de debate fue abierto por el pueblo de México, y agradezco, por lo mismo, a este movimiento de resistencia popular, pues sin este no estaríamos hoy aquí.
El principio fundamental de todo Estado de Derecho es el del la supremacía constitucional, conforme al cual todo el orden normativo nacional, federal o local, debe estar de acuerdo con la Cuarto Foro Reforma Energética.
Constitución
Como lo reconoce la propia Constitución Mexicana por declaración expresa, en su artículo 133.
Este principio es uno de los que el gobierno calderonista les exige a los legisladores que violen al aprobar una serie de leyes secundarias, que entrañan decenas de normas abiertamente anticonstitucionales, pues contradicen mandatos fundamentales de la Constitución de 1917.
La campaña mediática, mentirosa del gobierno de facto, pretendiendo que PEMEX no se privatiza, sino que se fortalece, que los hidrocarburos seguirán siendo de la nación, y que todos los mexicanos nos vamos a enriquecer con una medida que a todas luces lleva un desastre económico y político, a lo único que está condiciendo tras la amenaza del despojo, es agraviar profundamente más al pueblo mexicano.
Las iniciativas oficiales:
A. Transgreden el principio de la supremacía constitucional, y en su afán de privatizar el petróleo, violan el principio del dominio directo inalienable, imprescriptible de la nación, sobre todos los recursos naturales del subsuelo y, en particular, de los hidrocarburos; violan el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros; violan el principio de la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones, ni contratos a los particulares tratándose del petróleo.
Violan el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país; violan el principio de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas, sometidas a un régimen jurídico de excepción, y como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional, fortaleciendo la soberanía de la nación; con lo que de ser aprobada, comprometerían seriamente la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación, y en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos.
La contra reforma propuesta no se apega, ni a la letra, ni al espíritu de la Constitución, y es evidente que no tiene otro propósito que establecer vías para poder trasgredirla.
El gobierno espurio, situado ante la alternativa de intentar cambiar principios básicos constitucionales, con el riesgo de provocar una revuelta social y una reacción imprevisible desde el interior del aparato estatal, optó, como se ve, por proseguir en la vía de los gobiernos anteriores.
De pretender que respete a la Constitución, y de que sus políticas en materia petrolera no son privatizadoras, y al mismo tiempo irse viendo en los hechos funciones de PEMEX a diversas compañías multinacionales.
En una operación hormiga, como la calificaba el licenciado David Ibarra, para seguir modificando al mismo tiempo, de manera sorda y gradual el marco legal al cambiar la legislación secundaria; así lo hicieron los últimos 4 gobiernos, aunque ahora se pretende hacer de manera más pronunciada y cínica.
El texto legal debe entenderse por sus objetivos generales, antes que por sus fines secundarios, y este no deja lugar a dudas.
Se trata, en su conjunto, de una tentativa de fraude a la Constitución, pues busca establecer en legislación secundaria normas que se busca, creen en las condiciones para violar abiertamente principios centrales de la misma, y en particular, el que establece la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros.
Todo ello, por un lado, con el propósito de desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios. Y por el otro, con el afán de someter a México a un nuevo marco jurídico trasnacional que se pretende ir construyendo.
La propuesta del Gobierno de facto no tiene otras palabras, sólo algunos vicios de inconstitucionalidad o fallas de redacción, ni es susceptible de ser perfeccionada o mejorada, como ahora se quiere proponer al estarse evidenciando, en éste y en otros foros, su carácter anticonstitucional.
Todo el paquete de iniciativas es, en su esencia, contrario a la letra y al espíritu de la Constitución General de la República, al margen, detalles, que no la hacen, sino mucho más grave.
En términos llanos, la disyuntiva del país es muy clara. Lo que México requiere es una industria petrolera nacional, vigorosa y moderna; y lo que se pretende es todo lo contrario, destruir lo que queda de ésta, y suplirla con una en manos extranjeras, como era el caso antes de mi 1938, y al mismo tiempo, hacer de la Constitución Mexicana un instrumento al servicio del capital trasnacional.
Es eso, y no otra cosa, lo que el Gobierno de facto les está solicitando a ustedes, señores legisladores, y lo repite todos los días en discursos, que al aprobar estos aberrantes cuerpos legales, contribuyan a destruir la Constitución del 17, que aún sus más férreos detractores no pueden ignorar que en sus principios centrales es la expresión de las mejores luchas del pueblo mexicano.
Los tiempos han cambiado mucho desde la expropiación petrolera de 1938, decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas, en uno de los actos determinantes de la historia de México, y los desafíos de hoy en día son mucho mayores.
Algunos años después de la expropiación, en 1943, el Presidente estadounidense Franklin Roosevelt, luego de entrevistarse con el general Manuel Avila Camacho, en Monterrey y en Corpus Christi, prevía, sin embargo, otro escenario, pues, tras expresarle al Presidente mexicano su agradecimiento porque México hubiese concluido arreglos de indemnización con las compañías norteamericanas expropiadas, expresó palabras que parecen una ironía de la historia: “Ha pasado ya, definitivamente, digo Roosevelt, la época de explotación de los recursos y del pueblo de un país, para beneficio de un grupo de otro país”.
Escúchenlo bien: “Ha pasado ya, definitivamente, la época de explotación de los recursos y del pueblo de un país, para beneficio de un grupo de otro país”.
El Presidente Roosevelt se equivocaba. Y desde el último tercio del Siglo XX, el petróleo se ha tornado en el mundo en un recurso estratégico de importancia determinante.
De aprobarse estas iniciativas, el Estado comprometería seriamente la seguridad de nuestro país, y propiciaría una serio menoscabo a la soberanía nacional, al entregar, cada vez más abierta espacios de la industria petrolera a las trasnacionales.
Con cualquiera de los llamados contratos de incentivo violatorios de la Constitución, el Gobierno de facto convertiría a México en un objetivo militar del Pentágono, porque la doctrina de seguridad nacional estadounidense, redefinida por John W. Bush, establece claramente que Washington se abrogada el derecho de intervenir militarmente en los países donde tienen intereses petroleros. Es decir, lo mismo en Irak y en Afganistán, que en países de América Latina, por lo que ceder el Congreso de la Unión a esta demanda aberrante del Gobierno de facto, se cometería un atentado contra América Latina al hacer de México un posible objetivo militar de Washington.
Esta Cámara de Senadores ha sido negligente en el pasado en asumir la responsabilidad que el da el artículo 76, fracción I, de analizar la política exterior, misma que supone velar por la soberanía y la seguridad del país.
Y la consecuencia, es que los gobiernos mexicanos, tiene por su encrellismo, una capacidad de decisión cada vez menor, y México está dejando de ser un país soberano.
La subordinación de los últimos gobernantes de intereses del extranjero deriva del abandono progresivo de los principios constitucionales, lo que supone una complicidad de la clase política con fuerzas del exterior en decisiones de hechos, que no de derecho, que han llevado a que Washington tenga ya una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano, y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México. A lo que se agregaría, de aprobarse este paquete de iniciativas, el hecho aberrante de que multinacionales extranjeras empezarían a controla de manera gradual el principal recurso de nuestro país.
Los recursos básicos mexicanos que deberían ser de importancia estratégica para México, de aprobarse estas iniciativas, lo serían para Estados Unidos, colocándose a nuestro país en un marco de extrema vulnerabilidad frente a las políticas imperiales de Estados Unidos.
El Gobierno de facto, lo que está exigiendo al Congreso, es que apruebe una legislación que entraña a principios violatorios a la Constitución, y que contribuya a destruir el orden constitucional mexicano, llevando al país a un escenario de anarquía.
Es decir, que convalide a posterior, prácticas inconstitucionales que se han hecho, como el caso de la Cuenca de Burgos, y como los contratos ya celebrados por PEMEX para las aguas profundas, o estableciendo en un régimen de excepción para instaurar en México una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, al mismo tiempo que prosigue desmantelando a PEMEX.
El Gobierno de facto le exige a los legisladores, que con estas seudas reformas, que sean cómplices suyos para violar a la Constitución, no solamente a los priístas, a los perredistas y a los miembros de otros partidos que violen los principios y los estatutos de sus propias formaciones políticas, sino que se olviden de que el Congreso no tiene atribuciones para establecer normas que trasgredan el orden constitucional.
La Cámara de Senadores no tiene, por lo mismo, en términos de ley, más alternativa que la de desechar las iniciativas de Calderón, por notoriamente improcedentes; para no forzar a una discusión en el pleno, sobre un texto que no oculta que pretende, nada más menos, que crear las condiciones para violar la Constitución y las leyes de México, y crear un régimen de excepción a una nueva industria petrolera en manos extranjeros, a fin de propiciar la impunidad para los grandes consorcios petroleros, para la explotación sin límites y sin control, y al margen de cualquier legalidad constitucional de las riquezas básicas de México. Un régimen de excepción, que propiciaría, también, la corrupción del actual grupo gobernante.
Esto, lo que los neoliberales llaman: “la plena desregulación”. Está cámara debe desechar esta iniciativa, desecharla y enviarla a donde debería estar: “en el basurero de la historia”.
La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales, para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia.
La primera. Sería el establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional, que no podrían ser jamás tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el artículo 135. Y que son: los derechos individuales, los derechos colectivos y sociales, y los derechos de la Nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.
La segunda reforma, ha sido demandada con insistencia en los últimos años. Y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentando, en una democracia representativa y ha de tornarse en el futuro en una democracia semidirecta.
Estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum, como vías necesarias para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales; así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas.
El México del siglo XXI, reclama su derecho a decidir. Y el destino de estas iniciativas que pretenden trastocar, incluso, la naturaleza del régimen político, podría y debería ser consultado a todos los mexicanos, en una amplia consulta popular.
México requiere de una industria petrolera nacional, sustentada en un Pemex, que debe modernizarse; pero no en el sentido que lo plantean los neoliberales, para ponerse al servicio de una industria privada paralela en manos de las transnacionales, como las que desean crear en México, sino para contribuir de manera cada vez mejor al bienestar de los mexicanos y al salvaguardar la seguridad energética del país; debe seguir siendo una gran empresa del Estado, en la que se reviertan los excedentes petroleros y fortalecida por una Instituto Mexicano del Petróleo, que colabore en la tarea de lograr un desarrollo científico y tecnológico propio.
La expropiación petrolera de 1938, decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas, refundó al Estado por revolucionario e integró a la Nación. La privatización de la industria petrolera nacional, que el actual y espurio grupo gobernante busca culminar con la entrega de Pemex, llevaría a un desmantelamiento radical del Estado mexicano post revolucionario, y a un escenario social de desastre.
El gobierno de facto, tendría entonces que enfrentar a un pueblo agraviado, que no va a estar dispuesto a aceptar esta imposición, y que se haya decidido, créanlo ustedes, señores senadores, a mucho más de lo que desde el poder se supone, y ello porque ha entendido, que defender el petróleo es una cuestión de supervivencia, pero también una cuestión de dignidad.
México se haya ante una situación de excepcional gravedad, pues se está abriendo un escenario en el que dos de los poderes de la unión: el Ejecutivo, aún sea de facto, y el Legislativo, pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución General de la República. Ese acuerdo en lo fundamental de los mexicanos, como lo llamaba Mariano Otero, y llevar al país a un abismo de ilegalidades, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros.
El paquete de siete iniciativas que se dice son en materia energética, enviada por Felipe Calderón al Legislativo, las cinco primeras el ocho de abril, son a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México, y han por eso agraviado e indignado a millones de mexicanos, los que están respondiendo con una movilización civil sin precedentes, en defensa del petróleo.
Este espacio de reflexión, de diálogo y de debate fue abierto por el pueblo de México, y agradezco, por lo mismo, a este movimiento de resistencia popular, pues sin este no estaríamos hoy aquí.
El principio fundamental de todo Estado de Derecho es el del la supremacía constitucional, conforme al cual todo el orden normativo nacional, federal o local, debe estar de acuerdo con la Cuarto Foro Reforma Energética.
Constitución
Como lo reconoce la propia Constitución Mexicana por declaración expresa, en su artículo 133.
Este principio es uno de los que el gobierno calderonista les exige a los legisladores que violen al aprobar una serie de leyes secundarias, que entrañan decenas de normas abiertamente anticonstitucionales, pues contradicen mandatos fundamentales de la Constitución de 1917.
La campaña mediática, mentirosa del gobierno de facto, pretendiendo que PEMEX no se privatiza, sino que se fortalece, que los hidrocarburos seguirán siendo de la nación, y que todos los mexicanos nos vamos a enriquecer con una medida que a todas luces lleva un desastre económico y político, a lo único que está condiciendo tras la amenaza del despojo, es agraviar profundamente más al pueblo mexicano.
Las iniciativas oficiales:
A. Transgreden el principio de la supremacía constitucional, y en su afán de privatizar el petróleo, violan el principio del dominio directo inalienable, imprescriptible de la nación, sobre todos los recursos naturales del subsuelo y, en particular, de los hidrocarburos; violan el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros; violan el principio de la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones, ni contratos a los particulares tratándose del petróleo.
Violan el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país; violan el principio de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas, sometidas a un régimen jurídico de excepción, y como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional, fortaleciendo la soberanía de la nación; con lo que de ser aprobada, comprometerían seriamente la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación, y en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos.
La contra reforma propuesta no se apega, ni a la letra, ni al espíritu de la Constitución, y es evidente que no tiene otro propósito que establecer vías para poder trasgredirla.
El gobierno espurio, situado ante la alternativa de intentar cambiar principios básicos constitucionales, con el riesgo de provocar una revuelta social y una reacción imprevisible desde el interior del aparato estatal, optó, como se ve, por proseguir en la vía de los gobiernos anteriores.
De pretender que respete a la Constitución, y de que sus políticas en materia petrolera no son privatizadoras, y al mismo tiempo irse viendo en los hechos funciones de PEMEX a diversas compañías multinacionales.
En una operación hormiga, como la calificaba el licenciado David Ibarra, para seguir modificando al mismo tiempo, de manera sorda y gradual el marco legal al cambiar la legislación secundaria; así lo hicieron los últimos 4 gobiernos, aunque ahora se pretende hacer de manera más pronunciada y cínica.
El texto legal debe entenderse por sus objetivos generales, antes que por sus fines secundarios, y este no deja lugar a dudas.
Se trata, en su conjunto, de una tentativa de fraude a la Constitución, pues busca establecer en legislación secundaria normas que se busca, creen en las condiciones para violar abiertamente principios centrales de la misma, y en particular, el que establece la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros.
Todo ello, por un lado, con el propósito de desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios. Y por el otro, con el afán de someter a México a un nuevo marco jurídico trasnacional que se pretende ir construyendo.
La propuesta del Gobierno de facto no tiene otras palabras, sólo algunos vicios de inconstitucionalidad o fallas de redacción, ni es susceptible de ser perfeccionada o mejorada, como ahora se quiere proponer al estarse evidenciando, en éste y en otros foros, su carácter anticonstitucional.
Todo el paquete de iniciativas es, en su esencia, contrario a la letra y al espíritu de la Constitución General de la República, al margen, detalles, que no la hacen, sino mucho más grave.
En términos llanos, la disyuntiva del país es muy clara. Lo que México requiere es una industria petrolera nacional, vigorosa y moderna; y lo que se pretende es todo lo contrario, destruir lo que queda de ésta, y suplirla con una en manos extranjeras, como era el caso antes de mi 1938, y al mismo tiempo, hacer de la Constitución Mexicana un instrumento al servicio del capital trasnacional.
Es eso, y no otra cosa, lo que el Gobierno de facto les está solicitando a ustedes, señores legisladores, y lo repite todos los días en discursos, que al aprobar estos aberrantes cuerpos legales, contribuyan a destruir la Constitución del 17, que aún sus más férreos detractores no pueden ignorar que en sus principios centrales es la expresión de las mejores luchas del pueblo mexicano.
Los tiempos han cambiado mucho desde la expropiación petrolera de 1938, decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas, en uno de los actos determinantes de la historia de México, y los desafíos de hoy en día son mucho mayores.
Algunos años después de la expropiación, en 1943, el Presidente estadounidense Franklin Roosevelt, luego de entrevistarse con el general Manuel Avila Camacho, en Monterrey y en Corpus Christi, prevía, sin embargo, otro escenario, pues, tras expresarle al Presidente mexicano su agradecimiento porque México hubiese concluido arreglos de indemnización con las compañías norteamericanas expropiadas, expresó palabras que parecen una ironía de la historia: “Ha pasado ya, definitivamente, digo Roosevelt, la época de explotación de los recursos y del pueblo de un país, para beneficio de un grupo de otro país”.
Escúchenlo bien: “Ha pasado ya, definitivamente, la época de explotación de los recursos y del pueblo de un país, para beneficio de un grupo de otro país”.
El Presidente Roosevelt se equivocaba. Y desde el último tercio del Siglo XX, el petróleo se ha tornado en el mundo en un recurso estratégico de importancia determinante.
De aprobarse estas iniciativas, el Estado comprometería seriamente la seguridad de nuestro país, y propiciaría una serio menoscabo a la soberanía nacional, al entregar, cada vez más abierta espacios de la industria petrolera a las trasnacionales.
Con cualquiera de los llamados contratos de incentivo violatorios de la Constitución, el Gobierno de facto convertiría a México en un objetivo militar del Pentágono, porque la doctrina de seguridad nacional estadounidense, redefinida por John W. Bush, establece claramente que Washington se abrogada el derecho de intervenir militarmente en los países donde tienen intereses petroleros. Es decir, lo mismo en Irak y en Afganistán, que en países de América Latina, por lo que ceder el Congreso de la Unión a esta demanda aberrante del Gobierno de facto, se cometería un atentado contra América Latina al hacer de México un posible objetivo militar de Washington.
Esta Cámara de Senadores ha sido negligente en el pasado en asumir la responsabilidad que el da el artículo 76, fracción I, de analizar la política exterior, misma que supone velar por la soberanía y la seguridad del país.
Y la consecuencia, es que los gobiernos mexicanos, tiene por su encrellismo, una capacidad de decisión cada vez menor, y México está dejando de ser un país soberano.
La subordinación de los últimos gobernantes de intereses del extranjero deriva del abandono progresivo de los principios constitucionales, lo que supone una complicidad de la clase política con fuerzas del exterior en decisiones de hechos, que no de derecho, que han llevado a que Washington tenga ya una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano, y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México. A lo que se agregaría, de aprobarse este paquete de iniciativas, el hecho aberrante de que multinacionales extranjeras empezarían a controla de manera gradual el principal recurso de nuestro país.
Los recursos básicos mexicanos que deberían ser de importancia estratégica para México, de aprobarse estas iniciativas, lo serían para Estados Unidos, colocándose a nuestro país en un marco de extrema vulnerabilidad frente a las políticas imperiales de Estados Unidos.
El Gobierno de facto, lo que está exigiendo al Congreso, es que apruebe una legislación que entraña a principios violatorios a la Constitución, y que contribuya a destruir el orden constitucional mexicano, llevando al país a un escenario de anarquía.
Es decir, que convalide a posterior, prácticas inconstitucionales que se han hecho, como el caso de la Cuenca de Burgos, y como los contratos ya celebrados por PEMEX para las aguas profundas, o estableciendo en un régimen de excepción para instaurar en México una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, al mismo tiempo que prosigue desmantelando a PEMEX.
El Gobierno de facto le exige a los legisladores, que con estas seudas reformas, que sean cómplices suyos para violar a la Constitución, no solamente a los priístas, a los perredistas y a los miembros de otros partidos que violen los principios y los estatutos de sus propias formaciones políticas, sino que se olviden de que el Congreso no tiene atribuciones para establecer normas que trasgredan el orden constitucional.
La Cámara de Senadores no tiene, por lo mismo, en términos de ley, más alternativa que la de desechar las iniciativas de Calderón, por notoriamente improcedentes; para no forzar a una discusión en el pleno, sobre un texto que no oculta que pretende, nada más menos, que crear las condiciones para violar la Constitución y las leyes de México, y crear un régimen de excepción a una nueva industria petrolera en manos extranjeros, a fin de propiciar la impunidad para los grandes consorcios petroleros, para la explotación sin límites y sin control, y al margen de cualquier legalidad constitucional de las riquezas básicas de México. Un régimen de excepción, que propiciaría, también, la corrupción del actual grupo gobernante.
Esto, lo que los neoliberales llaman: “la plena desregulación”. Está cámara debe desechar esta iniciativa, desecharla y enviarla a donde debería estar: “en el basurero de la historia”.
La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales, para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia.
La primera. Sería el establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional, que no podrían ser jamás tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el artículo 135. Y que son: los derechos individuales, los derechos colectivos y sociales, y los derechos de la Nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.
La segunda reforma, ha sido demandada con insistencia en los últimos años. Y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentando, en una democracia representativa y ha de tornarse en el futuro en una democracia semidirecta.
Estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum, como vías necesarias para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales; así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas.
El México del siglo XXI, reclama su derecho a decidir. Y el destino de estas iniciativas que pretenden trastocar, incluso, la naturaleza del régimen político, podría y debería ser consultado a todos los mexicanos, en una amplia consulta popular.
México requiere de una industria petrolera nacional, sustentada en un Pemex, que debe modernizarse; pero no en el sentido que lo plantean los neoliberales, para ponerse al servicio de una industria privada paralela en manos de las transnacionales, como las que desean crear en México, sino para contribuir de manera cada vez mejor al bienestar de los mexicanos y al salvaguardar la seguridad energética del país; debe seguir siendo una gran empresa del Estado, en la que se reviertan los excedentes petroleros y fortalecida por una Instituto Mexicano del Petróleo, que colabore en la tarea de lograr un desarrollo científico y tecnológico propio.
La expropiación petrolera de 1938, decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas, refundó al Estado por revolucionario e integró a la Nación. La privatización de la industria petrolera nacional, que el actual y espurio grupo gobernante busca culminar con la entrega de Pemex, llevaría a un desmantelamiento radical del Estado mexicano post revolucionario, y a un escenario social de desastre.
El gobierno de facto, tendría entonces que enfrentar a un pueblo agraviado, que no va a estar dispuesto a aceptar esta imposición, y que se haya decidido, créanlo ustedes, señores senadores, a mucho más de lo que desde el poder se supone, y ello porque ha entendido, que defender el petróleo es una cuestión de supervivencia, pero también una cuestión de dignidad.
* Tomado de la versión estenográfica del foro, debido a que no se subió a la página de la Cámara de Senadores.
