Lorenzo Meyer
Entre los varios ángulos para analizar el proyecto de Felipe Calderón por modificar el marco legal de la industria petrolera para permitir una mayor ingerencia de la empresa privada en este campo, está el de los ciclos históricos de privatización del petróleo.
Un punto de partida para el análisis es el siguiente: en el primer ciclo de privatización -hace más de un siglo- la lucha fue por la propiedad misma del petróleo. En el actual la situación es diferente, el petróleo en sí, aunque valioso, ya no es el objetivo. Lo que busca el capital privado, en particular el externo, es la ganancia que puede obtener de las condiciones en que se produzca la venta de sus servicios a PEMEX y de la transformación de los hidrocarburos en productos para el mercado.
El petróleo o "jugo de la tierra" fue parte de la propiedad de la Corona española desde el inicio de la época colonial hasta que México se declaró país independiente en 1821. Con la independencia, toda la riqueza del subsuelo -plata, oro, minerales industriales, petróleo- pasó a ser propiedad de la nación. Sin embargo, con el inicio de la revolución industrial, el gobierno de Manuel González en 1884 declaró que el petróleo y el carbón habían dejado de ser propiedad nacional para serlo del dueño de la superficie. Varias leyes posteriores del gobierno de Porfirio Díaz, en particular la de 1909, consolidaron esa decisión.
Se puede argumentar que al inicio, la autoridad mexicana no estaba consciente del enorme valor de la riqueza que transfería a los particulares. Sin embargo, para cuando se promulgó la última disposición de Díaz, ya se habían perforado pozos petroleros superproductivos como "Dos Bocas" o "Potrero del Llano". Ya no se podía alegar ignorancia del valor de lo que se entregaba y menos cuando miembros notables de la oligarquía estaban en consejos de administración de las empresas petroleras, todas extranjeras. Hoy, desde luego, se sabe muy bien el valor de lo que se entrega, por ello la ferocidad de la lucha política en torno al petróleo.
Devolver ese recurso natural valioso, estratégico y no renovable a la nación, representó un enorme y prolongado esfuerzo, que fue desde la presidencia de Francisco I. Madero hasta la de Lázaro Cárdenas. La confrontación con las empresas extranjeras y sus gobiernos fue el elemento central para la forja del moderno nacionalismo mexicano. Y es ese nacionalismo lo que hoy está en juego.
Una vez retormado el petróleo al dominio de la nación, se inició un esfuerzo del mundo externo por abrir un espacio a la privatización. Este se inició desde los años cuarenta del siglo pasado y tuvo una primera victoria durante el gobierno de Miguel Alemán (los "contratos riesgo") pero fue derrotado en 1960, cuando se modificó el artículo 27 y se anularon los avances de la privatización. La ofensiva se reanudó a la sombra del neoliberalismo al, por ejemplo, quitarle a PEMEX el mercado de los lubricantes y al aparecer en el inicio del siglo XXI los llamados "contratos de servicios múltiples" que permitieron a empresas extranjeras trabajar la Cuenca de Burgos. Hoy, esa ofensiva ha entrado en una etapa superior.
PEMEX se debe reformar y de raíz, de eso muy pocos si es que alguno tiene duda. Sin embargo, no hay ninguna razón de interés nacional para abrir el campo hasta ahora exclusivo de la empresa pública a intereses privados y menos extranjeros sin antes haber intentado dotar a un PEMEX rediseñado de la capacidad de hacer frente a las demandas internas de petróleo y derivados. Ahora bien, si no hay razones de peso de interés colectivo para la privatización, sobran las de individuos, grupos y clases específicas. Y es ahí donde está el corazón de la actual disputa por el petróleo mexicano.
* Tomado de 4 artículos para la reflexión, primer número.
